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Causa “Subzona 15”: once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

Causa “Subzona 15”: once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

Once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

Así lo resolvió el juez federal Sergio Inchausti, que hace dos semanas ordenó las detenciones en el marco de la causa “Subzona 15”. Se los investiga por asociación ilícita.

Once ex jefes militares de la dictadura en Mar del Plata acaban de ser procesados con prisión preventiva. Así lo resolvió el juez federal Sergio Inchausti, que hace dos semanas ordenó su detención en el marco de la causa donde se los investiga por asociación ilícita para llevar adelante delitos de lesa humanidad cometidos contra 222 personas.

Además, ordenó el embargo de bienes sobre cada uno de los acusados por tres millones de pesos.

La causa, conocida como “Subzona 15”, se inició en marzo de 2007 para reconstruir la cadena de mandos de esa subzona represiva, que incluyó las localidades de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano. Sobre ese territorio operaron todos los procesados, que se desempeñaron en la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) y en los Grupos de Artillería de Defensa Aérea nº 601 y 602 de Mar del Plata.

Así lo entendió Inchausti y procesó a Aldo Carlos Máspero, Virtom Modesto Mendiaz, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luís Toccalino, Norberto Benito Stura, Eduardo Carlos Isasmendi Sola, Juan Carlos Tejeda, Jorge Héctor Lamacchia y Alberto Armando Sampietro por participar de una asociación ilícita. También procesó a Raúl Julio Gómez Sabaini y Emilio Ricardo Degiampietro como jefes de esa organización ilegal.

Según detalló el juez en el fallo de procesamiento, los “responsables de la subzona” ejecutaron las órdenes recibidas por el jefe de zona y los “jefes y subjefes de área” aseguraron “el fiel cumplimiento de la zona liberada” para desarrollar la represión ilegal. Pero aclaró que en ambos casos está acusados de participar “del plan sistemático de represión ilegal” que se desarrolló durante la última dictadura y que se comenzó “a gestar normativamente a partir del 6 de octubre de 1975”.

Salvo Mendiaz, Gómez Sabaini y Sampietro, el resto de los detenidos -a principio de junio y en operativos sorpresivos- se negó a declarar. Lo que dijo Mendiaz fue detallado en el fallo: aclaró que no era el segundo jefe de la Subzona sino el jefe de la Plana Mayor y que por tal razón no impartía órdenes de ninguna naturaleza a los jefes de grupo. Él, dijo, que sólo asesoraba al jefe de la Agrupación de Artillería, el coronel Máspero.

Además, Mendiaz identificó Isasmendi Sola, ex jefe del GADA 601, en la fotografía de una cédula de identidad a nombre de otra persona. Y también lo reconoció en una fotografía donde se lo ve reunido con los comisarios de la zona.

Gómez Sabaini también dio una explicación poco creíble: dijo que como jefe de Área no recibió, ni retransmitió, ni hizo ejecutar órdenes vinculadas al terrorismo de estado. Casi lo mismo dijo Sampietro y negó haber ordenado secuestros, torturas o ejecuciones.

Sin embargo, en su fallo de 395 páginas, el juez Inchausti consideró que las autoridades de la subzona son responsables por “los hechos que ocurrieron en el territorio a su cargo pero que no necesariamente fueron ejecutados por sus subordinados” y también que allí se cumplieron “todas las fases” del terrorismo de Estado (secuestro, cautiverio, tormentos, y muerte). Ese fue el criterio para procesar a Máspero y Mendiaz.

Sobre el rol de los responsables de Área –Blanco, Toccalino, Stura, Isasmeni Sola, Tejeda, Lamacchia, Sampietro, Gómez Sabaini y Degiampietro-, el juez citó el Reglamento de Servicio Interno RV-200-10, que en su artículo 1002, precisa que “el jefe deberá responder ante la institución por el cumplimiento de una misión amplia y compleja y por lo tanto difícil”.

“No hay dudas en el caso que la organización delictiva investigada contaba con medios humanos y materiales para proceder a la aprehensión de presuntos sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida, someterlos a tormento con el objeto de obtener información, para finalmente ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial o bien eliminarlos físicamente”, concluyó Inchausti.
Fuente: loquepasa.net
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El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

Lo acusó de cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público
El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

La resolución, de 333 carillas, se conoció a las 23, y con el vicepresidente en visita oficial a Cuba. La medida alcanzó a Nicolás Ciccone, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Guillermo Reinwick y Resnick Brenner.

Néstor Espósito
El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

El juez federal Ariel Lijo procesó anoche al vicepresidente, Amado Boudou, por el presunto delito de “cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en relación con el rescate de la quebrada Ciccone Calcográfica. En una resolución conocida poco después de las 23, Lijo estableció a lo largo de 333 páginas que “Boudou habría aportado su condición de funcionario público”, y su amigo de la infancia y socio comercial José María Núñez Carmona “habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo”. Así, según el juez, ambos fueron los principales protagonistas de una maniobra que tenía por objetivo final quedarse con la única empresa que en el país estaba en condiciones de imprimir papel moneda.
Según el fallo, “Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica, Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.
Nuñez Carmona, al igual que Ciccone y Reinwick, también fueron procesados. El juez eligió una figura novedosa en la causa. Según la resolución, Ciccone y Reinwick sobornaron a Boudou para que, a través suyo, Núñez Carmona y Vandenbroele, fungiendo como una suerte de testaferros y apoderados, realizaran todo lo necesario para rescatar a la empresa. El juez le dio de esta manera la razón al fiscal Jorge Di Lello, quien desde un primer momento sostuvo que si había existido algún delito, la familia Ciccone era parte de él.
La resolución indica que Boudou “habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner –jefe de asesores de la Afip–y César Guido Forcieri –jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía– en el trámite de un plan de pagos ilegal en Afip”. Es decir que se interesó personalmente en que el organismo recaudador concediera facilidades de pago a una empresa a la que le había pedido la quiebra, para sacarla de ella. En ese sentido, Boudou –siempre según el juez Lijo– “habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda.”
El juez describió que “para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund (TOF)”, que “fue originalmente adquirida el 1º de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nuñez Carmona –amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales– junto con Alejandro Vandenbroele –conocido de ambos–”. Pese a que en el expediente no hay ninguna prueba que vincule a Boudou con Vandenbroele, el juez dio por probada esa relación, que ambos imputados niegan. Y para ello tomó en cuenta un dato que trascendió en las últimas horas: “Núñez Carmona, Vandenbroele y Forcieri, el día 26 de abril de 2011, reservaron pasajes en la misma empresa para viajar el 28 de aquel mes y año a Río de Janeiro, en el vuelo 1258, y volver a Buenos Aires el primero de mayo en el vuelo 1257″. Ese dato, para el juez, demuestra el conocimiento y la relación entre los tres. Y de allí hasta llegar a Boudou, sólo media un paso.
El fallo añade sobre The Old Fund: “Dicha empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una adenda al convenio original entre el gobierno nacional y el gobierno provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda por $ 312.941.277,63 y un ingreso para TOF de $ 7.667.161, que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera factura emitida”, explica Lijo en la resolución. Ciccone no era una empresa más en quiebra. “El Estado habría tenido intenciones de adquirir la empresa concursada Ciccone Calcográfica para la impresión de papel moneda, debido a que la producción de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raíz de un pedido efectuado por Afip, el 15 de julio de 2010, el Juzgado Comercial N° 8 decretó la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica. Al día siguiente, la firma fue ofrecida por Afip a Casa de la Moneda para que continúe con la actividad; hecho que dio inicio al Expediente 39.183/2010. Tal circunstancia determinó que los dueños de la empresa –la familia Ciccone– buscaran la aprobación de un plan de pagos en la Afip y así se levantara la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría hablado con Gabriel Bianco, quien lo habría conectado con Amado Boudou y Núñez Carmona”, hipotetizó el juez.
¿Cómo llegó Boudou a Ciccone? Según el juez, él y Núñez Carmona “se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Núñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma TOF”.
La teoría que desarrolla el juez sostiene que “en primer término, se habría logrado el aval de la Afip, lo que resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31 de agosto de 2010, un día antes de que se adquiriera formalmente Ciccone Calcográfica, y sólo 45 días después de que se decretara la quiebra solicitada por la propia Afip, el ente regulador cambió su posición y se presentó en el expediente manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago”. En ese cambio de opinón, según Lijo, fue decisiva la voluntad de Boudou.
En la página 332 de la resolución, Lijo dispuso el “procesamiento sin prisión preventiva de Amado Boudou “por considerarlo autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles”. El artículo 256 del Código penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. En tanto, el artículo 265 fija que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.”
Boudou, al igual que el resto de los procesados, sufrió embargos del orden de los 200 mil pesos. El embargo por lo general se fija en relación con el supuesto daño causado en el marco del delito que se imputa. Boudou no tiene prohibida la salida del país, a diferencia de Núñez Carmona, Vandenbroele, Ciccone, Reinwick y Resnik Brenner, quienes para viajar al exterior deberán pedirle permiso al juez. «

la resolución del juez

 Procesamiento: El auto de procesamiento sostiene que Amado Boudou, junto con José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
 Funcionario: El texto afirma que “Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.
 Injerencia: El juez sostiene que, en este sentido, “Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner –Jefe de asesores de la Afip– y César Guido Forcieri –Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía– en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP”.
 Quiebra: Asimismo, consigna que “habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda.”
 Ciccone: Para el magistrado, “los dueños de la empresa –la familia Ciccone– buscaron la aprobación de un plan de pagos en la Afip para que se levantara la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría hablado con Gabriel Bianco, quien lo habría conectado con Amado Boudou y Núñez Carmona.
 The Old Fund: Lijo afirma que “Boudou y Núñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador”.
Fuente: (beta.tiempo.infonews.com)

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Lo condenaron a 7 años de prisión por llevar 150 kilos de cocaína de máxima pureza, fue detenido en la auovía 2

Lo condenaron a 7 años de prisión por llevar 150 kilos de cocaína de máxima pureza, fue detenido en la auovía 2

El marplatense Juan Manuel Mariscal transportaba en su camioneta la droga por la Autovía 2. En un control vial, antes de llegar a la ciudad, la policía lo interceptó y quedó detenido.

Juan Manuel Mariscal fue condenado hoy a siete años de prisión por transportar más de 150 kilos de cocaína de máxima pureza. Así lo resolvió el Juzgado Federal 2 de La Plata, que le dio una pena sólo seis meses menor de lo que había solicitado la Fiscalía y rechazó el pedido de absolución de la defensa.

A Mariscal le venían siguiendo el rastro pero ninguno de los policías que lo detuvo en el último puesto policial antes de llegar a Mar del Plata, se le ocurrió pensar que ese marplatense de 60 años, que viajaba solo y sin custodia, llevaría más de 150 ladrillos de cocaína –unos dos millones de dólares- en la caja de su camioneta sin ningún tipo de camuflage.

El martes 26 de febrero del año pasado, Mariscal inició un viaje hacia Mar del Plata por la Ruta 2. Su historia venía siendo seguida de cerca. Alguien le avisó a la policía que el hombre viajaba hacia nuestra ciudad por esa ruta, en una camioneta Mercedes Benz Sprinter color blanca. Su movimiento llamó apenas la atención y, casi como un control de rutina, decidieron atajarlo en el último control vial, en el kilómetro 392. Ya era miércoles, apenas pasada la medianoche.

“Lo detuvieron y le pidieron los papeles mientras llegaban los hombres de la DDI. Cuando él los vio, con sus camperas azules, se fue hacia la parte de atrás y trató de salir por la puerta trasera. Ahí lo detuvieron y, con la puerta abierta de la camioneta vieron que estaban los panes de cocaína ahí, sin cubrir ni nada”, contó una fuente de la investigación a Infojus Noticias tras la condena firmada por los jueces Nelson Jarazo, Jorge Michelli y Alejandro Esmoris.

Esa detención –junto con los 153,631 kilos de cocaína de 85 por ciento de pureza- disparó una serie de allanamientos: encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama. “Estaban todos a nombres de testaferros. Por ejemplo, su hijo, que es monotributista, tenía una coupé RCZ Peugeot, que cuesta más de 400 mil pesos”, agregó. Todos fueron secuestrados y están dentro de otra causa, que se tramita ante el juez federal Santiago Inchausti.

“Creo que ahora hay que profundizar la investigación sobre el delito de lavado de activos”, indicó el fiscal Pablo Larriera a esta agencia tras la condena, que mantendrá a Mariscal preso en el penal de Devoto. Esa es la otra línea de investigación, que podría avanzar sobre el decomiso de esos bienes, tal como lo prevé la legislación vigente.
Fuente: loquepasa.net
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Balcarce: la Suprema Corte rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Troncoso, único acusado por el crimen de Melina Briz

Balcarce: la Suprema Corte rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Troncoso, único acusado por el crimen de Melina Briz

Lo confirmó en un diálogo exclusivo con Radio Líder el fiscal del distrito, el doctor Rodolfo Moure
Exclusivo de Líder: la Suprema Corte rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Troncoso. Lo confirmó en un diálogo exclusivo con Radio Líder el fiscal del distrito, el doctor Rodolfo Moure. Según mencionó, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó los planteos de nulidad presentados por el doctor César Sivo, abogado defensor de Ariel Troncoso, único imputado y actualmente preso en Batán por el asesinato de Melina Briz, ocurrido en febrero de 2012. “Esto allana el camino para llegar al juicio oral que podría realizarse antes de fin de año o bien en la fecha prevista, es decir, marzo de 2015”, expresó Moure
(La Vanguardia)
moure Balcarce: la Suprema Corte rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Troncoso, único acusado por el crimen de Melina Briz

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Investigan una masacre indígena de 1924 como delito de lesa humanidad

Investigan una masacre indígena de 1924 como delito de lesa humanidad

En la colonia agrícola de Napalpí, en Chaco, la Policía Nacional acribilló a más de 400 personas de los pueblos qom y mocoví. También se investiga la matanza de El Zapallar, en 1933. El miércoles declaró el único sobreviviente, de 107 años.

Info News

Por:

Pablo Taranto

Napalpí fue la ‘Patagonia rebelde’ del norte. Los fusilamientos en el sur, la Semana Trágica, la masacre de Napalpí, hay una conexión política profunda entre esos acontecimientos”, dice Juan Chico, referente del pueblo qom y presidente de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Habla de una matanza largo tiempo silenciada. El 19 de julio de 1924, una partida de policías y estancieros chaqueños apuntaron sus máuseres contra una multitud de hombres, mujeres y niños inermes, de las etnias qom y mocoví. Se estima que murieron más de 400 personas, en una masacre que la prensa liberal ocultó pero que fue perpetuada por décadas de ostracismo y discriminación contra los pueblos originarios.
Casi 90 años más tarde, queda un sobreviviente, Pedro Balquinta, que cuenta 107 y el miércoles dio su testimonio ante la fiscalía, y ningún asesino. Pero también y sobre todo, queda la necesidad de saber la verdad. Por ello, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Jesús Vigay, junto al fiscal coordinador Federico Carniel, inició una investigación de oficio sobre aquella masacre y la de El Zapallar, ocurrida en 1933, para promover su juzgamiento.
Los fiscales entienden que ambas masacres, acaecidas en lo que fuera el territorio nacional del Chaco y cometidas por la entonces Policía Nacional contra indígenas y también contra hacheros correntinos y cosecheros santiagueños, constituirían crímenes de lesa humanidad. Así, la pesquisa de oficio procurará reconstruir lo sucedido, y si corresponde, la fiscalía requerirá, no existiendo –como se presume– imputados por los hechos que aún estén con vida, una instancia de juicio por la verdad.
“Entendemos que las masacres de Napalpí y El Zapallar constituirán crímenes de lesa humanidad, y por ello debe promoverse su juzgamiento, en cumplimiento del compromiso inexcusable asumido por el Estado argentino a través de las convenciones internacionales”, dice el fiscal Diego Vigay, y agrega: “Entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para establecer por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, y saber quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que condujeron a su ejecución. Y también, para demostrar el carácter sistemático, señalar quiénes se han beneficiado de estos hechos de violencia, para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de terror y se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación, entonces, debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas.”

LA REDUCCIÓN. Napalpí fue fundada en 1911, cuando buena parte de las tierras ancestrales de los pueblos qom y mocoví ya les habían sido arrebatadas para que colonos de origen europeo las destinaran a la producción de algodón. Explotados en esas colonias agrícolas a las que se los había confinado, los indígenas y algunos pequeños campesinos criollos mostraron su descontento cuando, en 1924, las autoridades de la reducción dispusieron que debían entregar el 15% de la cosecha. Según los historiadores, en junio comenzaron las escaramuzas: hubo saqueos en granjas, un chamán fue muerto por la policía y murió un colono francés. Hasta que el gobernador del territorio del Chaco, Fernando Centeno, inició los preparativos para la brutal represión.
Partieron desde Quitilipi 130 policías y un grupo de civiles. De acuerdo con los relevamientos de diferentes investigadores recabados por la fiscalía, los uniformados descargaron más de 5000 balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 423. Un 90%, indígenas; el resto, cosecheros criollos. De los 38 niños que escaparon a la matanza, al menos la mitad terminaron como sirvientes en Quitilipi y Machagai; los otros murieron en el camino. Apenas 15 adultos lograron sobrevivir. En su libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva reveló que los muertos y aún los malheridos fueron castrados a machetazos, y que en la comisaría de Quitilipi se exhibieron, a manera de trofeo, los testículos y una oreja del mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga.
Nueve años después, el 9 de septiembre de 1933, en la colonia El Zapallar –hoy General San Martín–, la policía acribilló a 70 habitantes de las etnias qom y mocoví. Ante una hambruna generalizada, estaban pidiendo alimentos y ropa.
Desde el 29 de mayo pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos recibe aportes de investigadores y documentalistas, además de recopilar entrevistas, libros, archivos históricos, reportes periodísticos de diarios de la época y los expedientes judiciales abiertos y rápidamente clausurados cuando las masacres. Todo eso mientras tramita hace ya nueve años en un juzgado federal de Resistencia la demanda civil interpuesta por la Asociación Comunitaria la Matanza, una entidad civil compuesta por aborígenes de la etnia toba, que reclama al Estado Nacional una indemnización y la búsqueda de verdad. «

Pedro Balquinta, el sobreviviente

Pedro Balquinta cumplió 107 años y es el único sobreviviente de las masacres de Napalpí y El Zapallar. En un paraje cerca de Charata lo encontró dos años atrás el equipo de documentalistas de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. El mes pasado, la Cámara de Diputados de Chaco le otorgó una pensión vitalicia. El miércoles declaró ante el fiscal federal Diego Vigay, quien viajó hasta Colonia San Lorenzo, a 300 kilómetros de Resistencia, para escuchar al anciano mocoví.
En su lengua nativa y con ayuda de un traductor, Balquinta contó que vivía con su madre, su tío y otros familiares en Napalpí. “Mataron a muchos. Los taparon en un pozo grande, un solo pozo”, dijo.

Pincón bomba

Desde 2005, el Juzgado Federal Nº1 de Formosa tramita otra causa judicial fundada en la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad cometidos también contra pueblos originarios. Se trata de la matanza de Rincón Bomba, perpetrada por tropas de la Gendarmería Nacional entre el 10 de octubre y los primeros días de noviembre de 1947. También están aquí en juego una indemnización al pueblo pilagá y la determinación de la verdad histórica.
Se estima que entre 400 y 500 indígenas murieron en Rincón Bomba, acribillados por tierra y desde el aire, y un par de cientos más en los días siguientes, perseguidos hasta Pozo del Tigre y Campo del Cielo. “A diferencia de Napalpí, en Formosa hay un imputado vivo, que piloteaba un avión –explica Juan Chico–. Hace dos semanas se dictó el procesamiento de esta persona, que tiene 102 años, de ahí la necesidad de llegar rápidamente a una instancia oral.”

Paño blanco (foto principal)
En el brazo. Así diferenciaban los estancieros del algodón a los “indios amigos” de los “sublevados”. Esta imagen, tomada en Napalpí, en aquel fatídico 1924, por el fotógrafo alemán Robert Lehmann Nitsche, integra el libro Indígenas en la Argentina. Fotografías 1860-1970, de Mariana Giordano, Ed. El Artenauta, 2012.

Verdad

“La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica de las masacres de Napalpí y El Zapallar, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas.”
Fiscal federal Diego Vigay
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Miembro de ultraderecha fue procesado por dañar monumento de la memoria y por discriminación

Miembro de ultraderecha fue procesado por dañar monumento de la memoria y por discriminación

El líder del Foro Patriótico Nacionalista (Fonapa) Carlos Pampillón fue procesado, acusado de participar en los daños ocasionados al monumento de la Memoria y discriminación contra la comunidad boliviana.

La decisión la tomó el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal 3, en una causa por daños y por actos discriminatorios, previstos en el artículo 2° de la ley 23.592, y le trabó al encausado un embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de 20.000 pesos.

El 8 de septiembre de 2011 integrantes del Fonapa, una agrupación de ultraderecha, provocaron daños en el monumento de Memoria, Verdad y Justicia, ubicado en el acceso a la Base Naval Mar del Plata, en repudio a la decisión del Concejo Deliberante de quitar el cuadro del capitán de fragata Edgardo Giachino, quien participó de la guerra de Malvinas pero que estuvo involucrado en actos de represión durante la última dictadura cívico militar.

El juez también responsabilizó a Pampillón por los daños provocados el 25 de febrero pasado en el centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata, donde prendieron fuego un portón y pintaron un mensaje intimidatorio hacia los miembros de esa comunidad.

Fuente: Telam
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Comienza el juicio político a Campagnoli

Comienza el juicio político a Campagnoli

Comienza el juicio político a Campagnoli
El futuro del fiscal que investigó a Lázaro Báez comienza a definirse. Fue suspendido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusado de supuesto “mal desempeño”.

El fiscal José María Campagnoli enfrentará a partir de este lunes el juicio político, luego de ser denunciado y acusado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por cuatro votos contra tres.

El fiscal será juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones. Según el Gobierno, el letrado impulsó la causa contra el empresario cercano a la Casa Rosada abusando de su poder e invadiendo la competencia de otro fiscal, aun sabiendo que no le correspondía y “poniendo en serio peligro el avance de la persecución penal”.

La decisión fue señalada por la oposición como un movimiento para amedrentar a otros fiscales que investigan casos de corrupción.

Campagnoli puso el ojo donde ningún otro fiscal pudo y descubrió un entramado de sociedades comerciales fantasma que usó Lázaro, supuestamente para lavar dinero.

El jury tendrá dos quince días para pronunciar el veredicto y, durante estos días, el jurado escuchará a los testigos. La semana que viene será el momento de los alegatos.

Siete serán los testigos: El director de Migraciones, Martín Arias Duval; Jorge Oscar Chueco y su abogado, Juan Martín Cagni Fazzio; la abogada Lorena Vanesa Totino; la escribana Mercedes Salcedo; Vanesa Varela yJuan José Taboada Areu, secretario de la Fiscalía 10, que subrogaba Campagnoli.

Desde el martes declararán ante el tribunal los testigos de la defensa: el periodista Jorge Lanata, los jueces Luis Cabral y Ricardo Recondo, así como los legisladores opositores Graciela Ocaña y Manuel Garrido. La ronda de testigos se extenderá hasta el jueves.
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Azul: la causa por el crimen de una mujer en el estacionamiento del bingo de Olavarría podría convertirse en el primer juicio por jurados

Azul: la causa por el crimen de una mujer en el estacionamiento del bingo de Olavarría podría convertirse en el primer juicio por jurados

El imputado aceptó este sistema de juzgamiento
Femicidio en Azul podría convertirse en la primera prueba de los Juicios por Jurados

La causa por el crimen de una mujer azuleña ocurrido en febrero de este año en el estacionamiento del bingo de Olavarría podría convertirse en el primer juicio por jurados que se realice en el Departamento Judicial de Azul.

Se trata del la causa en la que se imputa a un militar retirado azuleño por el crimen de su ex pareja, también de la vecina localidad, en el estacionamiento del bingo de nuestra ciudad en febrero de este año.

La Defensa del militar retirado, único imputado por el hecho, aceptó este sistema de juzgamiento. El proceso se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul y será en el año 2015, aunque no tiene fecha definida.

La fiscal a cargo de la instrucción por este femicidio, Susana Alonso, confirmó el pedido al juez de Garantías Carlos Villamarín, quien en su momento aprobó la medida cautelar por lo que José Melitón Tapia de 68 años permanecerá detenido hasta el juicio oral.

Cabe recordar que semanas atrás, el fiscal Martín Pizzolo había solicitado el sistema de juicios por jurados en la causa Ortega, que tiene como acusado al policía Juan Coria, pero el pedido fue rechazado por la defensa del imputado.
(INFOCIELO)
Imagen Ilustrativa
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Investigan a Ishii en una causa por corrupción

Investigan a Ishii en una causa por corrupción

Investigan a Ishii en una causa por corrupción

Es por el manejo irregular de planes de empleo y su utilización para financiar la política. La jueza federal de San Martín ya había citado a indagatoria a Carlos Urquiaga, actual intendente, y a su hermano.

Info News

Nota de Tiempo Argentino

La justicia investiga al ex intendente de José C. Paz Mario Ishii por supuestas maniobras con la distribución de planes de empleo entre desocupados durante su administración.

La jueza federal de San Martín Alicia Vence, citó a indagatoria al actual intendente de José C. Paz, Carlos Urquiaga, sucesor de Ishii e integrante del mismo espacio político en la provincia de Buenos Aires.

Urquiaga fue secretario de Trabajo de la gestión de Ishii cuando comenzaron a sonar los casos de corrupción producto del presunto manejo extorsivo y arbitrario de planes sociales de los programas “Argentina Trabaja” y “Trabajar”. Por eso la justicia puso también la lupa sobre la figura de Ishii.

La jueza federal de San Martín también citó a indagatoria al hermano de Urquiaga, César, ya que se desempleo como el actual secretario de Trabajo de la Comuna.

La investigación judicial comenzó a partir de la denuncia de un beneficiario que dejó de cobrar los planes sociales y en el momento en el que se presentó para efectuar el reclamo pudo comprobar que su nombre seguía apareciendo en el listado, con sus datos, pero en cambio el registro tenía la foto de un puntero del PJ.

A partir de esa denuncia inicial se sumaron nuevos casos a la investigación judicial.

La jueza Vence ya firmó distintos procesamientos por el delito de extorsión del que fueron víctimas personas humildes utilizadas políticamente en el municipio de José C. Paz.

Hasta el momento, la jueza Federal de San Martín procesó a cuatro empleados de la comuna que gobierna Urquiaga luego de que en los allanamientos dispuestos judicialmente se secuestrara documentación que confirmó los fraudes.
A los beneficiados se les cobraba hasta un 50 por ciento del monto de los planes.

Además a través de escuchas telefónicas se comprobó que a los beneficiados se les cobraba hasta un 50 por ciento del monto de los planes, según revelaciones periodísticas.

Luego de los allanamientos, los punteros detenidos fueron procesados por el delito de extorsión y están en libertad mientras continúa la investigación de la causa que sigue abierta y que requiere de los testimonios de los hermanos Urquiaga. Mientras el círculo judicial parece cerrarse sobre Ishii.

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Nahuel Mellman contestó con duros términos las declaraciones de la Dra. Patricia Perelló. Audio

Nahuel Mellman contestó con duros términos las declaraciones de la Dra. Patricia Perelló. Audio

A raíz de las declaraciones de la Dra Patricia Perelló por el llamado a indagatoria a Ricardo Panadero, el hermano de Natalia, Nahuel Mellman se refirió en duros términos a los dichos de Perelló en comunicación telefónica con Fernando Casco en su programa.

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Crimen de Natalia Mellman: la fiscal Dra Ana María Caro llamó a indagatoria al policía Ricardo Panadero. Audio

Crimen de Natalia Mellman: la fiscal Dra Ana María Caro llamó a indagatoria al policía Ricardo Panadero. Audio

La Dra Patricia Perelló abogada de los policías condenados por el crimen de Natalia Mellman y del policía Ricardo Panadero, hoy llamado a indagatoria después de 13 años, habló desde Italia telefonicamente por Radio Mágica en el programa de Fernando Casco, refiriéndose al llamado a indagatoria de Panadero por la fiscal local Ana María Caro y se refirió a esta en duros términos.

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Lesa Humanidad: Casación dispuso el procesamiento del ex jefe del Departamento de Operaciones en la Base Naval de Mar del Plata

Lesa Humanidad: Casación dispuso el procesamiento del ex jefe del Departamento de Operaciones en la Base Naval de Mar del Plata

Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal. Se trata de Daniel Eduardo Robelo, ex jefe del Departamento de Operaciones en la Base Naval y de Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos.

Con fecha 3 de junio de 2014, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.

En consecuencia revocó la resolución que sobreseyó parcialmente a Daniel Eduardo Robelo –Jefe del Departamento Operaciones en la Base Naval Mar del Plata y Jefe del Departamento Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina—, ordenando que se esté al auto dictado por el juez federal de instrucción que dispuso el procesamiento del nombrado por considerarlo jefe u organizador en el delito de asociación ilícita, entre otras figuras delictivas.

(loquepasa.net)

Base naval Lesa Humanidad: Casación dispuso el procesamiento del ex jefe del Departamento de Operaciones en la Base Naval de Mar del Plata

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