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La Justicia ordenó liberar al Pato Fontanet

La Justicia ordenó liberar al Pato Fontanet

La Justicia ordenó liberar a Patricio Fontanet

Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24. La medida alcanza al resto de los integrantes de Callejeros, con excepción del baterista. La Corte Suprema había requerido que se revise la sentencia de Casación

Horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara que se revise la sentencia condenatoria contra los integrantes de la banda Callejeros por la denominada tragedia de Cromañón, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 ordenó liberar a los músicos.

“El tribunal no ha hecho más que acatar la decisión de la Corte Suprema, se suspende la ejecutoriedad de la sentencia”, explicó Nicolás D’Albora, abogado de Patricio Fontanet, en declaraciones al canal TN.

La Cámara de Casación deberá conformar un nuevo tribunal entre sus jueces para revisar la situación de los sentenciados por el hecho ocurrido en 2004. Allí deberán volver a evaluar tanto la prueba testimonial como la pericial, y las distintas partes –fiscalía, querellantes y defensas– tendrán que realizar nuevos alegatos. Recién luego de ello habrá una nueva sentencia.

Con este panorama, Marcelo Brito, abogado del cantante, solicitó la liberación de su defendido hasta tanto quede firme la nueva sentencia. “No había margen para otra interpretación posible”, aseguró Brito, quien destacó que del nuevo tribunal no podrá participar ninguno de los jueces que haya estado en alguna instancia anterior.

Las personas que recuperaron su libertad este miércoles son, además de Patricio Fontanet, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy, Elio Delgado y Juan Carbone, además de Raúl Villarreal, ex gerenciador de Cromañón y sindicado como mano derecha de Omar Chabán. Incluso, Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño, y Gustavo Juan Torres, ex director adjunto de control comunal, también recuperarán su libertad.
(INFOBAE)
fontanet La Justicia ordenó liberar al Pato Fontanet

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“La Cueva” y “Base Naval II”: postergan el inicio de los alegatos en el juicio Máspero

“La Cueva” y “Base Naval II”: postergan el inicio de los alegatos en el juicio Máspero

Estaba previsto que empezaran este martes. El Tribunal Oral Federal tiene previsto escuchar la declaración de un testigo que no había podido exponer con anterioridad. Se juzga a Carlos Máspero.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata postergó el inicio de los alegatos de las partes, previsto para este martes, en el marco de un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en aquella ciudad.

Según informaron desde el tribunal, la medida fue dispuesta debido a que en la audiencia fijada para este martes está previsto que declare un testigo que no había podido exponer con anterioridad por problemas de salud. Aún no se fijó una nueva fecha de inicio de los alegatos.

El tribunal -integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Elbio Osores Soler y Víctor Bianco- juzga al ex coronel Carlos Aldo Máspero, imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 16 víctimas.

El proceso se trata de un desprendimiento de los juicios orales realizados por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “La Cueva” y “Base Naval II”, en los cuales Máspero habría sufrido una incapacidad sobreviniente, habiendo recobrado su capacidad durante el año 2013.
(LOUEPASA.NET)
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Tras hábeas corpus de la Comisión por la Memoria, Ordenan clausurar un pabellón y reformar otros dos en la cárcel de Batán

Tras hábeas corpus de la Comisión por la Memoria, Ordenan clausurar un pabellón y reformar otros dos en la cárcel de Batán

Lo dispuso el juez de Garantías Juan Tapia, tras un hábeas corpus de la Comisión por la Memoria. También pidió la adecuación del sector de sanidad, arreglos y fumigaciones.

El Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de Juan Tapia, respondió favorablemente el recurso de habeas corpus que presentó Comisión Provincial por la Memoria que solicitó la clausura de un pabellón y un plan de restauración para otros 2 pabellones de la Unidad Penitenciaria 15 del complejo de Batán. También pidió refacciones en toda la unidad, modificaciones en el régimen de vida y la adecuación del sector de sanidad.

El recurso fue presentado luego que el equipo del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria inspeccionara en Mar del Plata la UP 15, hace 10 días.

Luego de la inspección, desde la CPM señalaron que “toda la unidad se encuentra muy deteriorada, lo que debe imputarse a la falta de mantenimiento o a la realización de remodelaciones superficiales” y destacaron la presencia de roedores e insectos y problemas como filtraciones y falta de vidrios hasta el pésimo estado de la red cloacal, hídrica y eléctrica. Todas estas cuestiones fueron mencionadas en el fallo de Tapia, que acompañó a la CPM en la visita al complejo.

La resolución judicial, que hace lugar al habeas corpus colectivo presentado por el organismo, dispone un plan de refacciones y reparaciones en el penal y ordena la clausura del pabellón 3 de admisión. Esto implica la prohibición de que se alojen personas en ese lugar, por lo que las autoridades deberán reubicar a los 35 detenidos en ese pabellón.

La CPM también intervino en el caso de un detenido que había sido mordido por una rata y debió ser trasladado a un hospital extramuros para recibir atención médica por la infección provocada. Las autoridades de la unidad argumentaron que esta persona padecía una celulitis infecciosa sin mencionar que la causa fue producto del ataque de roedores, hecho posteriormente constatado por integrantes de la CPM, que entrevistaron al detenido y tuvieron acceso a la historia clínica del Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata.

Durante las entrevistas realizadas en la inspección los detenidos coincidieron en señalar la presencia de roedores de gran tamaño circulando por todo el penal y expresaron su preocupación por esta situación. En este sentido, la resolución de Tapia dispone convocar al titular de Control de Plagas del Municipio, Conrado Murdocca, para trabajar tareas de desinfección a partir de un en un plan de acción “duradero en el tiempo y exitoso en sus resultados”.

“Las graves situaciones relevadas, se inscriben en un contexto regresivo en materia de respeto por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, que ha profundizado sus políticas represivas y la detención de jóvenes pobres, llegando en la actualidad a más de 33.000 detenidos alojados precariamente en los centros penitenciarios, una cifra histórica en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.

El tanto, el presidente del organismo, Hugo Cañón, remarcó que “la resolución del juez Tapia se inscribe en lo que debe ser, en el compromiso que tienen los jueces ante una realidad que se les presenta. En este caso, la Comisión por la Memoria pone en evidencia una realidad cruel después de una inspección y él asume como juez el compromiso de tomar las medidas que corresponden. Si así actuase la justicia no sería posible este sistema de destrucción de la dignidad humana. Lo que encontramos en Batán es un cuadro inadmisible, por lo que esperamos que el poder ejecutivo responda a este mandato judicial sin evadir su responsabilidad”.
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El ex Intendente de Villa Gessell Rodríguez Erneta iniciará acciones legales contra el diario Perfil

El ex Intendente de Villa Gessell Rodríguez Erneta iniciará acciones legales contra el diario Perfil

Para Erneta, la publicación representa claramente una “maniobra difamatoria, impulsaba por algún sector del radicalismo local o algunos militantes”.

El ex intendente municipal y actual subsecretario del Interior de la Nación, Jorge Rodríguez Erneta, sostuvo que “no tiene ningún complejo habitacional en USA” a la vez que confirmó que iniciará acciones legales contra Perfil, el periódico online que publicó información referida a un supuesto departamento del ex jefe comunal en Miami .
Según indicó Erneta, la publicación representa claramente una “maniobra difamatoria, impulsaba por algún sector del radicalismo local o algunos militantes. Me voy a defender jurídicamente teniendo en cuenta que nunca tuve una propiedad en ningún país. Esta mentira me resulta injuriosa y daña mi honor, a mi persona y a todos los que me rodean y me doy a defender jurídicamente”.

La respuesta de Rodríguez Erneta llega a una semana de que el diario virtual perfil.com publicara una nota donde se vinculaba al ex intendente con un condominio habitacional en Estados Unidos.
Erneta El ex Intendente de Villa Gessell Rodríguez Erneta iniciará acciones legales contra el diario Perfil

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Se realizan en todo el país 15 juicios orales por crímenes de lesa humanidad

Se realizan en todo el país 15 juicios orales por crímenes de lesa humanidad

Se trata de procesos que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Salta, San Luis, San Martín, San Nicolás y Tucumán. Los detalles de cada uno

Se trata de procesos que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Salta, San Luis, San Martín, San Nicolás y Tucumán.

Se realizan actualmente en el país 15 juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

A continuación, el detalle de cada uno de los procesos:

Bahía Blanca: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, juzga a 25 imputados por crímenes en perjuicio de 66 víctimas en jurisdicción de la Armada Argentina. Los imputados son: Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Luis Ángel Bustos, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Enrique De León, Raúl Artemio Dominguez, Víctor Oscar Fogelman, Eduardo René Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada, Guillermo Julio Gonzalez Chipon, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Manuel Martinez Loydi, Domingo Ramón Negrete, Néstor Alberto Nougués, Edmundo Oscar Nuñez, Raúl Oscar Otero, Gerardo Alberto Pazos, Pedro Alberto Pila, Luis Alberto Pablo Pons, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya y Carlos Andrés Stricker.
Ciudad de Buenos Aires: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital -integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia- encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se juzgan 789 hechos ocurridos en ese centro clandestino de detención. Son 63 los imputados. Se prevé que declaren cerca de 900 testigos.

Ciudad de Buenos Aires: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Capital lleva adelante el juicio oral y público en la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzga a 22 imputados entre los que se encuentran Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Jorge Carlos Olivera Róvere. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo G. Laufer y Ricardo Ángel Basílico (éste último como juez sustituto).
Ciudad de Buenos Aires: ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital se realiza un nuevo juicio oral por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”. El tribunal está integrado por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández. Son juzgados Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis. Se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, en perjuicio de 204 víctimas.

Córdoba: se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba un proceso donde se investigan crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “La Perla” y “La Ribera”. El tribunal está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu (subrogante) y Carlos Arturo Ochoa (en calidad de cuarto juez). Entre los 52 imputados está Luciano Benjamín Menéndez.

La Plata: en esa ciudad se realiza el juicio oral por delitos cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”, de la localidad de Olmos, provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, por los delitos de homicidio, secuestro, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Fueron convocadas alrededor de 250 personas para que presten su testimonio durante el debate. CIJ TV transmite en vivo las declaraciones testimoniales.

Mar del Plata: el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad -integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Elbio Osores Soler y Víctor Bianco- juzga al ex coronel Carlos Aldo Máspero, imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 16 víctimas. Según informaron desde el tribunal, el proceso se trata de un desprendimiento de los juicios orales realizados por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “La Cueva” y “Base Naval II”, en los que Máspero habría sufrido una incapacidad sobreviniente, habiendo recobrado su capacidad durante el año 2013.

Mendoza: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad -integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade- encabeza el juicio oral contra los ex jueces federales Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Romano. En tanto, otros 36 imputados también son juzgados en el mismo proceso. Está previsto que durante el debate presenten su testimonio ante el tribunal 660 testigos.

Rosario: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario realiza un juicio oral en el que están imputados Lucio César Nast, Carlos Ulpiano Altamirano, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante, por crímenes en perjuicio de 43 víctimas. El tribunal está integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango. Hay 152 testigos ofrecidos por las partes. El proceso se trata de un desprendimiento de la causa “Díaz Bessone” (Ex Feced), caratulada “NAST, Lucio César s/ Privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita (Parcial expediente N° 120/08)”, expediente N° 85000124/10 y acumulados. CIJ TV transmite en vivo todas las instancias del proceso.

Salta: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta -integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juarez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriel Eduardo Casas- encabeza el proceso en el que se juzga a Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Rafael Rolando Perelló, Andrés del Valle Soraire, Marcos Honorio Medina y Eduardo del Carmen del Valle. En la causa se investigan crímenes cometidos en perjuicio de Ángel Federico Toledo, Carlos Lucas Toledo, Hugo Armando Velázquez, E. R. G., Orlando Ronal Molina, Gerónimo Concha Canseco, Mario Domingo Monasterio Sánchez, Pedro Francisco Núñez Apaza, José Napoleón Ortega, Luis Roberto Ortega, José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez.

San Luis: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad juzga a Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Miguel Ángel Fernández Gez, Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro, Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofre, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Jorge Alberto Moreira, Vicente Ernesto Moreno Recalde, Jorge Félix Natel, Luis Alberto Orozco, Andrés Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma, Juan Carlos Pérez, Carlos Esteban Plá, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi. En la causa se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, en perjuicio de 46 víctimas. Integran el tribunal los jueces Marcelo Alvero, José María Pérez Villalobo y Héctor Cortés.

San Martín: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín lleva adelante el juicio oral en el marco de la causa nº 2829 caratulada “Barberis, Marcelo Eduardo y otros s/inf. art. 144 bis del C.P.”, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Mansión Seré”. El tribunal -integrado por los jueces Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler- juzga a Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Néstor Rubén Oubiña, Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés.

San Martín: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, integrado por los jueces Hector Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña juzga a Santiago Omar Riveros, Luis Sadi Pepa, Juan Carlos Gerardi, Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas, Hector Omar Maldonado, Juan Demetrio Luna, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Daniel Caimi, Reynaldo Benito Antonio Bignone y Eugenio Guañabens Perelló. En el proceso se investigan crímenes en perjuicio de 60 víctimas.

San Nicolás: ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario se realiza el juicio oral en el marco de la causa N° 149/10 caratulada “Saint Amant, Manuel Fernando y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada”, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino durante la última dictadura. El tribunal está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello. Se encuentran imputados Manuel Fernando Saint Amant, Edgardo Antonio Mastrandrea, Juan Antonio Benvenutto, Antonio Bossie, Daniel Fernando Quintana, Julio Alberto Almada, Luis Alberto Sinigaglia, Juan Alberto González, Miguel Ángel Lucero, Roberto Horacio Guerrina, Norberto Ricardo Ferrero, Clementino Rojas, Carlos Enrique Rocca, Guillermo Miguel Adrover y Arnaldo Nasiff Bolmeni. Se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio. Hay 242 testigos ofrecidos por las partes. CIJ TV transmite en vivo todo el debate.

Tucumán: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz, juzga en esa ciudad al exmilitar Jorge Alberto D’Amico por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio, en perjuicio de Germán Cantos López, ocurrido en la provincia de Santiago del Estero. El tribunal tiene previsto escuchar durante el debate el testimonio de 20 testigos.

Fuente CIJ-.
juicio Se realizan en todo el país 15 juicios orales por crímenes de lesa humanidad

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Repudiaron el “escrache” al fiscal Federal Daniel Adler

Repudiaron el “escrache” al fiscal Federal Daniel Adler

El Concejo Deliberante, la legislatura bonaerense y Abuelas de Plaza de Mayo rechazaron las intimidaciones que sufrió el funcionario judicial, quien participó del jury que se le siguió a José María Campagnoli.

Tras la aparición de panfletos intimidatorios hacia el fiscal federal Daniel Adler apenas unas horas antes de que se votara la restitución en el cargo del cuestionado fiscal José María Campagnoli; distintos sectores de Mar del Plata expresaron un enérgico repudio a este tipo de prácticas.

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon reprobó las intimidaciones que recibió el funcionario judicial. “De ninguna manera podemos admitir este tipo de acciones violentas. Sobre todo cuando no sólo van contra un funcionario si no que invaden su privacidad y la de su familia quedando en medio de esta situación violenta menores de edad”, dijo al respecto el presidente del bloque de Acción Marplatense, Ariel Ciano.

También lo hicieron los diputados provinciales Alejandra Martínez, Fernanda Raverta, Rodolfo “Manino” Iriart, Héctor Martínez, Pablo Farías, y Alfredo Lazzaretti, quienes presentaron un proyecto de resolución en la legislatura bonaerense. “No debemos tolerar estas prácticas fundadas en principios antidemocráticos y contrarios al normal funcionamiento de las instituciones del Estado”, aseveró Alejandra Martínez.

Por su parte, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata también se solidarizó con el fiscal general Adler, uno de los impulsores de ese espacio.

Tras cuestionar la “cobardía” de los autores del “escrache”, desde el sector calificaron lo ocurrido como “una grave afrenta institucional y democrática”.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata, en tanto, lamentó el “acoso, persecución y ataque” del que resultó víctima Adler.
(0223.com.ar)
 Repudiaron el “escrache” al fiscal Federal Daniel Adler

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Campagnoli volvió a la fiscalía de Saavedra y prometió que investigará “todos los casos que se presenten”

Campagnoli volvió a la fiscalía de Saavedra y prometió que investigará “todos los casos que se presenten”

El fiscal expresó su satisfacción por retomar su función luego de siete meses de suspensión y aseguró que seguirá con la misma línea de trabajo. Además rechazó la continuidad del juicio político

El fiscal de instrucción José María Campagnoli retornó este lunes a sus funciones en la Fiscalía de Saavedra, luego de que un Tribunal de Enjuiciamiento dejara sin efecto la suspensión que pesaba en su contra en el marco del juicio político que atraviesa por presunto mal desempeño en la investigación contra el empresario Lázaro Báez.

“Estoy contento, es un paso muy importante, pero tengo que ver con qué me encuentro”, declaró el funcionario público al llegar a la sede de Arias 4491, debido a que debe analizar “qué personal quedó y qué oficinas” están a disposición.

“El próximo paso que yo quiero dar es recuperar a mis once colaboradores, volver en las mismas condiciones en las que me fui”, apuntó el fiscal que fue sometido a un jury de enjuiciamiento.

La mayoría de los integrantes del equipo de trabajo de Campagnoli fue removida de su función en Saavedra o trasladada a otras dependencias; por eso el funcionario público reclama que vuelvan…

“Mis investigaciones afectaron a poderosos y por eso se promovió este juicio político”

A pesar de la suspensión que lo mantuvo inactivo durante siete meses, el fiscal prometió que mantendrá su estilo de trabajo: “Voy a investigar todos los casos que se me presenten”.

Con respecto al juicio político que afronta, explicó que “el 5 de agosto habrá una audiencia en la cual el tribunal de enjuiciamiento explicará los fundamentos que lo llevaron a tomar la decisión de que el proceso vuelva a realizarse”. Ese día se sabrá cómo se hará el nuevo proceso y en qué fecha.

“Nosotros creemos que el juicio se cayó, no debería reanudarse”, reclamó el funcionario público. “Creo que no me equivoqué, pero mis investigaciones afectaron a poderosos y se promovió este juicio político”, concluyó.
Adrián Escandar

En tanto, su abogado, Ricardo Gil Lavedra, advirtió ayer que la restitución en el cargo “no va a ser plena hasta que no le devuelvan a los empleados, que son las condiciones necesarias para poder trabajar”.

“La restitución en el cargo supone la posibilidad de ejercer las facultades realmente, y esto es tener la posibilidad de hacerlo con el personal y medios adecuados”, argumentó en diálogo con radio FM Latina.

El jurista consideró “necesario” que la ciudadanía “se comprometa en un valor que no es abstracto, que no es neutro, que es que los jueces y los fiscales sean independientes en el ejercicio de sus funciones”.
(INFOBAE)
campagnoli Campagnoli volvió a la fiscalía de Saavedra y prometió que investigará todos los casos que se presenten

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Magistrados del Ministerio Público decidió levantar la medida que suspendía al fiscal Campagnoli

Magistrados del Ministerio Público decidió levantar la medida que suspendía al fiscal Campagnoli

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público decidió levantar la medida que suspendía al fiscal José María Campagnoli en su cargo, aunque la decisión del tribunal no afecta el juicio politico que se le sigue por mal desempeño de sus funciones.

La decisión de levantar la suspensión a Campagnoli, contó con 4 votos a favor y 3 votos en contra.

Según se indicó, en contra de la suspensión votaron el fiscal Daniel Adler; el representante del Poder Ejecutivo,Ernesto Kreplak y el representante del Senado, Rodolfo Ojea Quintana.

En tanto, a favor se pronunciaron el representante de la Corte, Juan Gauna y los abogados Javier Panero, Adriana Donato, y Leonardo Miño.

Precisamente Miño, quien había sido recusado por los fiscales acusadores Adolfo Villate y Marcelo García Berro por formar parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y haber difundido dos documentos a favor de Campagnoli, pasó a integrar el Tribunal tras la decisión del jurado de rechazar la recusación.

El voto de Miño fue definitorio para levantarle la suspensión al acusado fiscal Campagnoli.

El nuevo miembro del jurado ocupó ese lugar pese a que la Defensoría General ya había designado a Nicolás Toselli para reemplazarlo, que juró el viernes 4 de julio, y que hoy es el titular que representa a la Defensoría.

Campagnoli está acusado de maniobras en una causa para cambiar su objeto y focalizarla en el empresario Lázaro Báez, cuando el imputado original era el financista Federico Elaskar.

Además, avanza otro expediente sobre sus actuación contra vecinos del Barrio Mitre y por persecución a sus propios empleados.

De esta forma, Campagnoli estaría en condiciones de volver solo a la fiscalia de Saavedraa, lugar que hoy ocupa la recientemente amenazada fiscal Cristina Caamaño.
Fiscal Magistrados del Ministerio Público decidió levantar la medida que suspendía al fiscal Campagnoli

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Miramar: lo condenan a 10 años por abuso sexual de su hija de 5 años y a los 15 días lo liberan. VIDEO, Dramático Relato

Miramar: lo condenan a 10 años por abuso sexual de su hija de 5 años y a los 15 días lo liberan. VIDEO, Dramático Relato

Un caso polémico Un tribunal oral halló culpable a Enrique Ruiz Díaz del “abuso sexual gravemente ultrajante” de su hija, de 5 años, y ordenó su arresto. Pero la defensa apeló y lo dejaron libre hasta que le confirmen la pena.

Sergio Dima VIDEO (LOQUEPASA.NET)

Todo había comenzado cuando el propio padre se vio forzado a llevar al hospital a su hija, que en ese entonces tenía tan solo 5 años, para que la atendieran. Tiempo después, se descubrió que él había sido el causante de las lesiones que tenía y llegó a juicio oral, donde terminó condenado a 10 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante. El fallo se conoció el 18 de junio y ese mismo día lo detuvieron en la sala de audiencias para enviarlo al penal de Batán. Pero apenas quince días más tarde, lo vieron en la puerta de la cárcel pidiendo dinero para poder volverse a Miramar: la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata le había otorgado la libertad.

El caso, y sobre todo la excarcelación, movilizó a los vecinos de la ciudad balnearia de Miramar. Muchos incluso se organizaron y fueron a buscar al hombre a la casa en la que suponían que estaba viviendo, pero no lo encontraron.

La causa se remonta a 2010, cuando el changarín Enrique Ruiz Díaz (53) tuvo que llevar a su hijita a una sala de primeros auxilios de Miramar. Allí comprobaron que las lesiones que tenía la nena eran muy graves y la trasladaron al hospital. Mientras el hombre hablaba por una radio local contando que su hija se había golpeado, desde el mismo hospital llamaron para desmentirlo y lo señalaron como sospechoso de abusar de la menor. Entonces intervino la Justicia.

Ruiz Díaz había sido abandonado años antes por la madre de la nena de 5 y de su hermana, de 6, que vivían con él. La Justicia ordenó de inmediato enviar a las chiquitas a un hogar de Miramar. Poco después, quedaron bajo la tutela de una familia sustituta, con la que aún hoy siguen viviendo.

La causa avanzó pero el hombre llegó libre al juicio, acusado de abuso sexual simple (manoseos). Intentó negociar un juicio abreviado –admitir la culpa a cambio de una pena menor– pero no lo logró.

“Durante el juicio surgieron indicios para acusarlo de abuso sexual gravemente ultrajante”, dijo a Clarín un vocero del caso. Los peritos confirmaron penetraciones con objetos y serias lesiones en el cuerpo de la víctima. Por eso, la fiscal Ana Caro solicitó 10 años de prisión para Ruiz Díaz. Y el Tribunal Oral N° 2 de Mar del Plata coincidió: le dictó esa pena y además, ordenó su detención inmediata. Eso fue el 18 de junio.

El hombre fue a parar a la cárcel de Batán. Pero 15 días después, el 3 de julio, recuperó la libertad gracias a un fallo de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. “El único motivo esgrimido para fundar la detención ordenada fue el monto de la pena impuesta por sentencia, aún no firme, omitiendo analizar otros extremos de inevitable valoración”, dijeron los camaristas. Así hicieron lugar al pedido de la defensa, que sostuvo que Ruiz Díaz atravesó el proceso en libertad, sin ausentarse nunca, que se presentó cada vez que se lo pidieron y que debe esperar libre la confirmación de la condena.

El fallo valoró a su favor que tiene domicilio fijo en Mar del Plata, trabajo y una situación familiar estable; y que no hay peligro de fuga. Sólo le impuso la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la casa de la nena.

Sin embargo, los vecinos denunciaron que Ruiz Díaz fue visto en Miramar tras quedar libre. Y que sólo tras su reacción se habría instalado en una localidad vecina. “Estamos en trámite de adopción de las nenas”, contó a Clarín Alejandra Antonio, tutora de la víctima y su hermana. “Y queremos que este hombre vaya preso”, concluyó.
Fuente: Clarín Fuente: VIDEO loquepasa.net

Condenado. Enrique Ruiz Díaz, en una foto familiar. La Cámara de Apelaciones dijo que no hay riesgo de fuga.
Relato de la tutora de la menor:
Condenado Enrique Ruiz Camara Apelaciones CLAIMA20140709 0048 27 Miramar: lo condenan a 10 años por abuso sexual de su hija de 5 años y a los 15 días lo liberan. VIDEO, Dramático Relato

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Indignación en Miramar, hace días fue condendo a 10 años por violación y abuso sexual a sus hijas, ahora la Cámara de apelaciones le dio arresto domiciliario

Indignación en Miramar, hace días fue condendo a 10 años por violación y abuso sexual a sus hijas, ahora la Cámara de apelaciones le dio arresto domiciliario

Un hombre fue condenado en primera instancia a 10 años de prisión por violación y abuso sexual a sus hijas por el tribunal N° 2 de Mar del Plata , este señor, Ruíz Díaz, fue beneficiado por la cámara de apelaciones de Mar del Plata con arresto domiciliario, a días de su condena , esto a causado indignación, estupor y bronca con la desición de la justicia. informaba Fernando Casco

Justicia Indignación en Miramar, hace días fue condendo a 10 años por violación y abuso sexual a sus hijas, ahora la Cámara de apelaciones le dio arresto domiciliario

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Causa “Subzona 15”: once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

Causa “Subzona 15”: once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

Once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

Así lo resolvió el juez federal Sergio Inchausti, que hace dos semanas ordenó las detenciones en el marco de la causa “Subzona 15”. Se los investiga por asociación ilícita.

Once ex jefes militares de la dictadura en Mar del Plata acaban de ser procesados con prisión preventiva. Así lo resolvió el juez federal Sergio Inchausti, que hace dos semanas ordenó su detención en el marco de la causa donde se los investiga por asociación ilícita para llevar adelante delitos de lesa humanidad cometidos contra 222 personas.

Además, ordenó el embargo de bienes sobre cada uno de los acusados por tres millones de pesos.

La causa, conocida como “Subzona 15”, se inició en marzo de 2007 para reconstruir la cadena de mandos de esa subzona represiva, que incluyó las localidades de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano. Sobre ese territorio operaron todos los procesados, que se desempeñaron en la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601) y en los Grupos de Artillería de Defensa Aérea nº 601 y 602 de Mar del Plata.

Así lo entendió Inchausti y procesó a Aldo Carlos Máspero, Virtom Modesto Mendiaz, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luís Toccalino, Norberto Benito Stura, Eduardo Carlos Isasmendi Sola, Juan Carlos Tejeda, Jorge Héctor Lamacchia y Alberto Armando Sampietro por participar de una asociación ilícita. También procesó a Raúl Julio Gómez Sabaini y Emilio Ricardo Degiampietro como jefes de esa organización ilegal.

Según detalló el juez en el fallo de procesamiento, los “responsables de la subzona” ejecutaron las órdenes recibidas por el jefe de zona y los “jefes y subjefes de área” aseguraron “el fiel cumplimiento de la zona liberada” para desarrollar la represión ilegal. Pero aclaró que en ambos casos está acusados de participar “del plan sistemático de represión ilegal” que se desarrolló durante la última dictadura y que se comenzó “a gestar normativamente a partir del 6 de octubre de 1975”.

Salvo Mendiaz, Gómez Sabaini y Sampietro, el resto de los detenidos -a principio de junio y en operativos sorpresivos- se negó a declarar. Lo que dijo Mendiaz fue detallado en el fallo: aclaró que no era el segundo jefe de la Subzona sino el jefe de la Plana Mayor y que por tal razón no impartía órdenes de ninguna naturaleza a los jefes de grupo. Él, dijo, que sólo asesoraba al jefe de la Agrupación de Artillería, el coronel Máspero.

Además, Mendiaz identificó Isasmendi Sola, ex jefe del GADA 601, en la fotografía de una cédula de identidad a nombre de otra persona. Y también lo reconoció en una fotografía donde se lo ve reunido con los comisarios de la zona.

Gómez Sabaini también dio una explicación poco creíble: dijo que como jefe de Área no recibió, ni retransmitió, ni hizo ejecutar órdenes vinculadas al terrorismo de estado. Casi lo mismo dijo Sampietro y negó haber ordenado secuestros, torturas o ejecuciones.

Sin embargo, en su fallo de 395 páginas, el juez Inchausti consideró que las autoridades de la subzona son responsables por “los hechos que ocurrieron en el territorio a su cargo pero que no necesariamente fueron ejecutados por sus subordinados” y también que allí se cumplieron “todas las fases” del terrorismo de Estado (secuestro, cautiverio, tormentos, y muerte). Ese fue el criterio para procesar a Máspero y Mendiaz.

Sobre el rol de los responsables de Área –Blanco, Toccalino, Stura, Isasmeni Sola, Tejeda, Lamacchia, Sampietro, Gómez Sabaini y Degiampietro-, el juez citó el Reglamento de Servicio Interno RV-200-10, que en su artículo 1002, precisa que “el jefe deberá responder ante la institución por el cumplimiento de una misión amplia y compleja y por lo tanto difícil”.

“No hay dudas en el caso que la organización delictiva investigada contaba con medios humanos y materiales para proceder a la aprehensión de presuntos sospechosos, mantenerlos clandestinamente en cautiverio bajo condiciones inhumanas de vida, someterlos a tormento con el objeto de obtener información, para finalmente ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial o bien eliminarlos físicamente”, concluyó Inchausti.
Fuente: loquepasa.net
tribunal fede  Causa “Subzona 15”: once represores de Mar del Plata fueron procesados con preventiva

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El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

Lo acusó de cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público
El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

La resolución, de 333 carillas, se conoció a las 23, y con el vicepresidente en visita oficial a Cuba. La medida alcanzó a Nicolás Ciccone, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Guillermo Reinwick y Resnick Brenner.

Néstor Espósito
El juez Lijo procesó a Boudou y otros cinco imputados en la causa Ciccone

El juez federal Ariel Lijo procesó anoche al vicepresidente, Amado Boudou, por el presunto delito de “cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en relación con el rescate de la quebrada Ciccone Calcográfica. En una resolución conocida poco después de las 23, Lijo estableció a lo largo de 333 páginas que “Boudou habría aportado su condición de funcionario público”, y su amigo de la infancia y socio comercial José María Núñez Carmona “habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo”. Así, según el juez, ambos fueron los principales protagonistas de una maniobra que tenía por objetivo final quedarse con la única empresa que en el país estaba en condiciones de imprimir papel moneda.
Según el fallo, “Boudou, junto a José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica, Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.
Nuñez Carmona, al igual que Ciccone y Reinwick, también fueron procesados. El juez eligió una figura novedosa en la causa. Según la resolución, Ciccone y Reinwick sobornaron a Boudou para que, a través suyo, Núñez Carmona y Vandenbroele, fungiendo como una suerte de testaferros y apoderados, realizaran todo lo necesario para rescatar a la empresa. El juez le dio de esta manera la razón al fiscal Jorge Di Lello, quien desde un primer momento sostuvo que si había existido algún delito, la familia Ciccone era parte de él.
La resolución indica que Boudou “habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner –jefe de asesores de la Afip–y César Guido Forcieri –jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía– en el trámite de un plan de pagos ilegal en Afip”. Es decir que se interesó personalmente en que el organismo recaudador concediera facilidades de pago a una empresa a la que le había pedido la quiebra, para sacarla de ella. En ese sentido, Boudou –siempre según el juez Lijo– “habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda.”
El juez describió que “para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund (TOF)”, que “fue originalmente adquirida el 1º de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nuñez Carmona –amigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales– junto con Alejandro Vandenbroele –conocido de ambos–”. Pese a que en el expediente no hay ninguna prueba que vincule a Boudou con Vandenbroele, el juez dio por probada esa relación, que ambos imputados niegan. Y para ello tomó en cuenta un dato que trascendió en las últimas horas: “Núñez Carmona, Vandenbroele y Forcieri, el día 26 de abril de 2011, reservaron pasajes en la misma empresa para viajar el 28 de aquel mes y año a Río de Janeiro, en el vuelo 1258, y volver a Buenos Aires el primero de mayo en el vuelo 1257″. Ese dato, para el juez, demuestra el conocimiento y la relación entre los tres. Y de allí hasta llegar a Boudou, sólo media un paso.
El fallo añade sobre The Old Fund: “Dicha empresa, de objeto amplio y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una adenda al convenio original entre el gobierno nacional y el gobierno provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda por $ 312.941.277,63 y un ingreso para TOF de $ 7.667.161, que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera factura emitida”, explica Lijo en la resolución. Ciccone no era una empresa más en quiebra. “El Estado habría tenido intenciones de adquirir la empresa concursada Ciccone Calcográfica para la impresión de papel moneda, debido a que la producción de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raíz de un pedido efectuado por Afip, el 15 de julio de 2010, el Juzgado Comercial N° 8 decretó la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica. Al día siguiente, la firma fue ofrecida por Afip a Casa de la Moneda para que continúe con la actividad; hecho que dio inicio al Expediente 39.183/2010. Tal circunstancia determinó que los dueños de la empresa –la familia Ciccone– buscaran la aprobación de un plan de pagos en la Afip y así se levantara la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría hablado con Gabriel Bianco, quien lo habría conectado con Amado Boudou y Núñez Carmona”, hipotetizó el juez.
¿Cómo llegó Boudou a Ciccone? Según el juez, él y Núñez Carmona “se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado su condición de funcionario público y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. En razón de que el ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Núñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma TOF”.
La teoría que desarrolla el juez sostiene que “en primer término, se habría logrado el aval de la Afip, lo que resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31 de agosto de 2010, un día antes de que se adquiriera formalmente Ciccone Calcográfica, y sólo 45 días después de que se decretara la quiebra solicitada por la propia Afip, el ente regulador cambió su posición y se presentó en el expediente manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago”. En ese cambio de opinón, según Lijo, fue decisiva la voluntad de Boudou.
En la página 332 de la resolución, Lijo dispuso el “procesamiento sin prisión preventiva de Amado Boudou “por considerarlo autor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles”. El artículo 256 del Código penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. En tanto, el artículo 265 fija que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.”
Boudou, al igual que el resto de los procesados, sufrió embargos del orden de los 200 mil pesos. El embargo por lo general se fija en relación con el supuesto daño causado en el marco del delito que se imputa. Boudou no tiene prohibida la salida del país, a diferencia de Núñez Carmona, Vandenbroele, Ciccone, Reinwick y Resnik Brenner, quienes para viajar al exterior deberán pedirle permiso al juez. «

la resolución del juez

 Procesamiento: El auto de procesamiento sostiene que Amado Boudou, junto con José María Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
 Funcionario: El texto afirma que “Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”.
 Injerencia: El juez sostiene que, en este sentido, “Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner –Jefe de asesores de la Afip– y César Guido Forcieri –Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía– en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP”.
 Quiebra: Asimismo, consigna que “habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda.”
 Ciccone: Para el magistrado, “los dueños de la empresa –la familia Ciccone– buscaron la aprobación de un plan de pagos en la Afip para que se levantara la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría hablado con Gabriel Bianco, quien lo habría conectado con Amado Boudou y Núñez Carmona.
 The Old Fund: Lijo afirma que “Boudou y Núñez Carmona se habrían interesado en el negocio que implicaría adquirir Ciccone y lo habrían materializado a través de la firma TOF, puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador”.
Fuente: (beta.tiempo.infonews.com)

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